El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra dos ciudadanos estadounidenses por apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación mediante una red de contrabando de crudo robado a Pemex. La operación, según la DEA, representa una de las mayores fuentes de financiamiento del crimen organizado mexicano.
Los acusados, padre e hijo, usaban su empresa Arroyo Terminals para introducir ilegalmente más de 2 mil 800 cargamentos de crudo, disfrazados como aceite usado. Las autoridades buscan confiscar propiedades, vehículos y hasta 300 millones de dólares por el daño económico provocado.
Este caso pone en evidencia la colusión entre estructuras criminales y el sistema energético mexicano; la falta de vigilancia en Pemex y la creciente sofisticación del crimen organizado plantean serios retos para ambos países, evidenciando que el combate al narcotráfico también requiere cerrar el grifo del huachicol.