La decisión del gobierno federal de retirar temporalmente la demanda civil contra los socios de Genaro García Luna en Florida revela un cambio de estrategia orientado más a la negociación que al litigio frontal. Aunque la UIF asegura que esto no compromete otras acciones judiciales, el mensaje es ambiguo en términos de voluntad política para agotar el castigo institucional.
El argumento de que se trata de un “retiro sin perjuicio” abre una ventana para reactivar el juicio si el acuerdo no prospera, no obstante, este enfoque deja abierta la posibilidad de un pacto con implicados clave en una de las redes de corrupción más escandalosas del sexenio calderonista, en un contexto donde la legitimidad judicial sigue siendo frágil.
Resulta particularmente significativo que la Segob y la UIF opten por el diálogo justo cuando la narrativa oficial se centra en el combate a la impunidad; mientras se promueve la elección judicial como un parteaguas democrático, el Estado mexicano recurre a arreglos extrajudiciales en casos emblemáticos.
Si el caso García Luna simboliza la colusión entre Estado y crimen, cualquier concesión debe ser exhaustivamente justificada, el retiro de la demanda podría ser pragmático en términos de recuperación patrimonial, pero plantea interrogantes sobre la justicia sustantiva. De lo contrario, se corre el riesgo de minar la credibilidad institucional justo cuando más se necesita fortalecerla.