Una jueza federal retiró la suspensión definitiva que protegía a Silvano Aureoles contra una orden de aprehensión. El exgobernador de Michoacán incumplió las condiciones impuestas por el juzgado.
La Fiscalía General de la República lo acusa de desviar más de 3 mil 400 millones de pesos durante su mandato. Los delitos incluyen peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Este revés judicial pone al exmandatario frente a un inminente proceso penal. La falta de cumplimiento con medidas mínimas de ley refuerza el descrédito de una clase política que sigue sin rendir cuentas por el uso de recursos públicos.