Durante dos décadas, al menos 834 empresas fantasma obtuvieron contratos públicos por más de 11 mil millones de pesos, muchas de ellas registradas en domicilios falsos y con prestanombres de escasos recursos. Aunque fueron detectadas por el SAT como EFOS, la mayoría ya había sido contratada por el gobierno antes de ser inhabilitada.
Una investigación de Quinto Elemento Lab reveló que 486 dependencias firmaron convenios con estas compañías, incluidas Hacienda y el propio SAT. Los procedimientos de contratación no exigen verificar domicilios fiscales ni cruzar datos con listas de empresas inexistentes. Así, miles de prestanombres enfrentan juicios, mientras funcionarios y beneficiarios reales evaden cualquier responsabilidad.
Además, el SAT canceló más de 7 mil millones en créditos fiscales a estas empresas por “incosteabilidad” o falta de activos, aún cuando muchas habían recibido dinero del erario. El sistema legal trata estos casos solo como delitos fiscales, sin sancionar la corrupción que los hace posibles.
Este caso muestra cómo la falta de controles, voluntad política y justicia efectiva mantiene intacto un modelo de simulación institucional. Urge una reforma que penalice contratar EFOS, identifique a los beneficiarios reales y deje de castigar únicamente a quienes prestaron su nombre por necesidad o engaño.