En Oaxaca, más de 25 parques eólicos han sido instalados sin consulta previa a las comunidades indígenas, según datos de ProDESC. Aunque las empresas promueven los beneficios económicos y ambientales, muchas familias denuncian desinformación, exclusión y contratos ilegales en tierras de uso agrario, lo que ha generado tensiones y litigios.
Desde 1994, la región del Istmo ha sido clave para la generación eólica, acumulando más de 1,500 aerogeneradores. Sin embargo, los beneficios tangibles para las comunidades son escasos. Las reformas recientes impulsadas por el gobierno prometen justicia energética, pero aún carecen de mecanismos eficaces para garantizar su cumplimiento y el respeto a los derechos colectivos.
Las organizaciones sociales insisten en la necesidad de una consulta libre, previa e informada, tal como establece el Convenio 169 de la OIT. Las llamadas “licencias sociales” se otorgan mediante beneficios asistencialistas, sin resolver los impactos estructurales de los proyectos sobre el territorio y la cohesión comunitaria.
La expansión de energías limpias no puede sostenerse en la omisión de derechos fundamentales. Si México quiere consolidar una transición energética justa, debe garantizar transparencia, beneficios equitativos y respeto a la voz de los pueblos originarios. De lo contrario, el progreso “verde” corre el riesgo de replicar las mismas desigualdades que dice combatir.