La diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para prohibir la gestación subrogada en México y establecer sanciones contra quienes participen en estos procedimientos. La propuesta contempla penas de seis a 17 años de prisión para quienes realicen, promuevan, financien o faciliten esta práctica, incluso mediante acuerdos sin compensación económica.
Las reformas plantean modificar la Ley General de Salud, la legislación contra la trata de personas y el Código Penal Federal. También establecen castigos de cuatro a nueve años de cárcel para responsables de establecimientos que permitan estos procedimientos. Además, proponen considerar la explotación reproductiva como delito de trata, con penas de hasta 25 años de prisión.
La iniciativa establece agravantes cuando las mujeres gestantes sean menores de edad o enfrenten condiciones de vulnerabilidad. También contempla sanciones por entregar recién nacidos mediante estos acuerdos o falsificar registros de nacimiento. Las mujeres gestantes quedarían excluidas de responsabilidad penal y serían reconocidas como víctimas. El proyecto fue turnado a las comisiones de Salud y Justicia para dictamen.