La diputada Vanessa López Carrillo, del PT, propuso reformar el Código Penal Federal para considerar abuso de confianza disponer, sin autorización del titular, de dinero, tarjetas o instrumentos utilizados para recibir pensiones y apoyos sociales. La medida aplicaría también a custodios, familiares, cuidadores o personas encargadas de manejar estos recursos.
La iniciativa establece que las penas por abuso de confianza aumentarían hasta una tercera parte cuando la víctima sea una persona adulta mayor o con discapacidad, o cuando exista parentesco, cohabitación, custodia, subordinación, cuidado o una relación de confianza. Actualmente, las sanciones contempladas para este delito van de seis meses a seis años de prisión.
La propuesta también plantea que las instituciones de procuración de justicia y el Banco del Bienestar implementen protocolos accesibles para recibir y canalizar denuncias relacionadas con la retención o despojo de tarjetas de programas sociales. López Carrillo argumentó que existen casos donde familiares, cuidadores o terceros disponen sin autorización de estos recursos. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia.
