La Fiscalía General de la República (FGR) señaló al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por presuntamente ordenar la destrucción y ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entre las pruebas se encontraban grabaciones de cámaras de seguridad que captaron hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
La fiscal general Ernestina Godoy afirmó que las investigaciones descartan que la pérdida de las grabaciones fuera producto de una falla técnica. Testimonios obtenidos durante 2026 señalan que el material habría sido sustraído y entregado directamente al entonces gobernador, quien presuntamente instruyó a funcionarios de alto nivel para desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos.
La FGR sostuvo que el ocultamiento habría formado parte de una operación deliberada desde el Ejecutivo estatal. Con los elementos recabados, la unidad especial del caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Aguirre por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.