La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con mayoría calificada de 341 votos a favor y 124 en contra, la reforma constitucional que aplaza la siguiente elección judicial de 2027 al primer domingo de junio de 2028. El dictamen también incorpora modificaciones relacionadas con revocación de mandato, integración de comités de evaluación y diseño de boletas electorales.
La reforma modifica diversos artículos de la Constitución para fortalecer los mecanismos de selección de jueces, magistrados y ministros. Establece la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los Comités de Evaluación de los tres Poderes, encargada de homologar criterios, aplicar exámenes y verificar requisitos de las candidaturas judiciales. Además, se redefinen los distritos judiciales y la organización territorial de las elecciones.
El proyecto también contempla que la Suprema Corte funcione en Pleno y dos secciones, así como la coincidencia entre la jornada electoral judicial y la revocación de mandato en 2028. El dictamen argumenta que el aplazamiento permitirá mejores condiciones operativas y presupuestales para organizar los procesos electorales federales, locales y judiciales previstos para los próximos años.