La relación judicial entre México y Estados Unidos enfrenta nuevas tensiones tras las exigencias de Washington para extraditar a funcionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum reclama falta de reciprocidad en casos solicitados por autoridades mexicanas. Según datos oficiales, México presentó 269 solicitudes de extradición en los últimos ocho años sin obtener entregas relevantes desde territorio estadounidense.
El debate reactivó críticas sobre el funcionamiento desigual del tratado bilateral de extradición y sobre el verdadero interés de Estados Unidos en los procesos contra organizaciones criminales. Especialistas sostienen que Washington prioriza el decomiso de recursos financieros vinculados al narcotráfico y la obtención de información estratégica, más que el esclarecimiento de delitos o la reparación de daños a víctimas mexicanas.
Analistas recuerdan que el sistema de cooperación judicial estadounidense ha privilegiado acuerdos económicos y beneficios procesales con grandes capos del narcotráfico a cambio de información y recursos multimillonarios. Casos como los de Joaquín “El Chapo” Guzmán o Vicente Zambada evidencian el peso económico que tienen los decomisos para las autoridades estadounidenses y su sistema de seguridad.
El gobierno mexicano insiste en revisar el tratado de extradición vigente desde los años ochenta, ante lo que considera una relación asimétrica. Especialistas advierten que la discusión podría ampliar el debate sobre soberanía, cooperación en seguridad y el papel de agencias estadounidenses en investigaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico y desapariciones forzadas en México.