El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reactivado el debate energético en México al anunciar la creación de una comisión científica para evaluar el uso del fracking en la extracción de gas natural. La decisión responde a factores como avances tecnológicos que podrían mitigar impactos ambientales, la dependencia estructural del gas importado desde Estados Unidos y la necesidad de fortalecer la soberanía energética.
El planteamiento ocurre en un contexto donde la generación eléctrica nacional sigue atada al gas natural, en gran medida obtenido mediante fracking en territorio estadounidense. Esta interdependencia ha llevado a reconsiderar una técnica previamente cuestionada, aunque el proceso incluirá evaluaciones técnicas, ambientales y consultas sociales en las regiones potencialmente involucradas.
Sin embargo, el debate no se limita al uso de esta técnica. Especialistas consideran que la discusión abre la puerta a una revisión más amplia del modelo energético nacional, incluyendo el potencial de energías renovables como la solar, geotérmica o el hidrógeno verde, así como el desarrollo de esquemas de generación distribuida.
En este escenario, el desafío para la política energética será equilibrar seguridad de suministro, sostenibilidad ambiental y viabilidad económica. La posible redefinición del modelo, más allá del fracking, podría sentar las bases para una transición energética de largo plazo con mayor diversificación y participación social.