El regreso de las protestas agrícolas en México no es un episodio aislado, sino la expresión de una crisis estructural que lleva años gestándose. Los recientes bloqueos carreteros encabezados por productores y transportistas evidencian el fracaso de los mecanismos de apoyo y comercialización impulsados por el Gobierno. La ruptura del esquema de pignoración confirma que las soluciones planteadas han sido insuficientes frente a los costos reales del campo.
En el centro del conflicto está el problema de los precios. Mientras los productores enfrentan costos crecientes, los precios de mercado se mantienen por debajo del punto de equilibrio, obligándolos a operar con pérdidas. La referencia internacional —marcada por la Bolsa de Chicago— y la apertura comercial derivada del T-MEC han debilitado la capacidad del Estado para intervenir en favor de la producción nacional.
La coyuntura se agrava por factores adicionales: inseguridad en carreteras, altos costos logísticos y dependencia de importaciones. En estados clave como Sinaloa, la caída en la producción de maíz y la falta de acuerdos comerciales reflejan un sistema que no garantiza rentabilidad ni certidumbre. La advertencia de protestas durante el Mundial 2026 no es retórica, sino una señal de presión creciente en un momento políticamente sensible.
Más allá de la movilización, lo que está en juego es el futuro del campo mexicano. La demanda de sacar los granos básicos del T-MEC y construir una política agrícola propia plantea un debate de fondo: ¿puede México sostener su soberanía alimentaria bajo el actual modelo? La crisis abre una conversación urgente sobre el papel del Estado, el mercado y la viabilidad del campo en un entorno global cada vez más incierto.