La política arancelaria impulsada por Donald Trump hace un año fue presentada como una estrategia para recuperar el control económico de Estados Unidos. Sin embargo, los resultados muestran una realidad más compleja: lejos de corregir los desequilibrios comerciales, la medida trasladó costos al mercado interno. El encarecimiento de productos y servicios evidenció que los principales afectados fueron consumidores y empresas estadounidenses.
Aunque Washington logró recaudar miles de millones de dólares, el déficit comercial no solo persistió, sino que aumentó. Esto refleja una limitación estructural: los aranceles, por sí solos, no pueden revertir problemas profundos como la dependencia de importaciones o el debilitamiento industrial. En este contexto, la política comercial terminó siendo más un instrumento de presión política que una solución económica sostenible.
El caso de China ilustra esta contradicción. A pesar de tarifas agresivas, Pekín respondió con medidas similares y obligó a Estados Unidos a moderar su postura. Con México, el impacto fue más limitado debido al T-MEC, aunque sectores específicos como el acero y el automotriz sí enfrentaron presiones. En ambos casos, la ofensiva arancelaria no logró alterar de fondo las dinámicas comerciales.
El golpe definitivo llegó desde el ámbito legal. La decisión de la Corte Suprema de invalidar parte de los aranceles no solo cuestiona la estrategia, sino que introduce costos financieros y políticos adicionales. En un año electoral clave, el balance es incierto: una política que prometía fortaleza económica termina exhibiendo sus límites, abriendo el debate sobre el uso del comercio como herramienta de poder y sus efectos reales en la economía global.