El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU al considerarlo “tendencioso y falto de rigor jurídico”. Señaló que el documento omite avances institucionales recientes y amplía de forma indebida la definición de desaparición forzada, además de no reflejar la situación actual del país.
En un comunicado conjunto, autoridades federales subrayaron que no toleran ni permiten este delito y que han impulsado reformas, herramientas de búsqueda y coordinación entre instituciones. También criticaron que el informe se base en periodos anteriores y en casos focalizados, sin considerar información actualizada presentada por el propio Estado.
El comité, por su parte, pidió que la situación sea llevada a la Asamblea General de la ONU y advirtió indicios de desapariciones como crímenes de lesa humanidad. Organizaciones civiles respaldaron esa postura, mientras el gobierno reiteró su disposición a cooperar, pero no bajo premisas que, afirmó, distorsionan la realidad nacional.