La Cámara de Diputados recibió la iniciativa presidencial que modifica 11 artículos constitucionales en materia electoral. El proyecto mantiene la reducción del Senado de 128 a 96 escaños y redefine la asignación de 200 diputaciones de representación proporcional. La propuesta busca restar control a las dirigencias partidistas en la integración de listas. El documento fue turnado a comisiones para su análisis y dictamen.
Uno de los ejes centrales es el endurecimiento de medidas contra el financiamiento ilegal. Se prohíben aportaciones privadas en efectivo y se obliga a que todo recurso fluya mediante el sistema bancario. También se impide el fondeo desde el extranjero y se amplía la supervisión sobre activos financieros, divisas y operaciones digitales. La intención declarada es blindar los procesos frente a posibles injerencias indebidas.
El plan reduce el financiamiento público ordinario a los partidos al ajustar la fórmula de cálculo. El factor vinculado a la Unidad de Medida y Actualización baja de 68% a 48.75%, lo que representa una disminución cercana al 25% del gasto. El argumento oficial apunta a contener costos en un contexto de rezago social. Además, se limitan tiempos oficiales en medios y se ajustan remuneraciones de autoridades electorales.
La iniciativa también modifica el cómputo de votos para iniciar la misma noche de la elección. Se amplían mecanismos de participación ciudadana y se incorporan reglas para etiquetar contenidos generados con inteligencia artificial. El debate legislativo será clave para definir si estos ajustes fortalecen la confianza institucional. La discusión abre un espacio para analizar el equilibrio entre austeridad, fiscalización y pluralismo democrático.