La presidenta Claudia Sheinbaum decidió enviar su reforma electoral al Congreso aun sin el respaldo explícito del Partido Verde y el Partido del Trabajo, sus aliados legislativos. La determinación marca un punto de inflexión en la negociación interna del bloque oficialista y confirma que la mandataria no está dispuesta a diluir los ejes centrales de su iniciativa. El mensaje político es claro: la reforma se presentará en sus términos originales y cada partido asumirá el costo de su voto.
La propuesta contempla reducir el financiamiento público a los partidos en 25%, modificar el sistema de representación proporcional mediante listas abiertas y disminuir el número de senadores de 128 a 96. También incluye una reestructuración del Instituto Nacional Electoral para generar ahorros administrativos. Estas medidas responden, según la narrativa presidencial, a una demanda ciudadana mayoritaria de disminuir costos y limitar privilegios partidistas.
Los reparos del PVEM y el PT se concentran en la pérdida de prerrogativas y en el rediseño de las listas plurinominales, mecanismos que históricamente han fortalecido a partidos con menor votación directa. En términos prácticos, su respaldo es indispensable para alcanzar la mayoría calificada requerida en reformas constitucionales. Sin embargo, la presidenta parece apostar a que la presión pública y la cohesión de Morena generen incentivos suficientes para alinear voluntades.
El movimiento también revela una estrategia de liderazgo. En lugar de prolongar indefinidamente la negociación, Sheinbaum coloca la iniciativa en la arena parlamentaria y obliga a sus aliados a definirse. La reforma electoral no solo redefine reglas de representación y financiamiento, sino que pone a prueba la capacidad del oficialismo para mantener cohesión sin renunciar a objetivos programáticos. El desenlace indicará si la disciplina política prevalece o si emergen fisuras que reconfiguren el equilibrio interno de la coalición gobernante.