La decisión del presidente Pedro Sánchez de otorgar permisos de residencia y trabajo a cientos de miles de migrantes indocumentados ha reconfigurado el debate político en España. Presentada como respuesta a la crisis demográfica y a la necesidad de mano de obra, la medida coloca al Gobierno en una posición diferenciada frente al endurecimiento migratorio europeo. Sin embargo, el decreto no solo redefine la política pública, sino también el equilibrio electoral en un contexto de creciente polarización.
El Ejecutivo sostiene que la regularización fortalecerá el mercado laboral y consolidará el crecimiento económico, que ha superado al de otras economías europeas. No obstante, los datos revelan tensiones estructurales: España mantiene una tasa de desempleo cercana al 10 %, la más alta de la Unión Europea. El contraste entre expansión poblacional y precariedad laboral alimenta cuestionamientos sobre la sostenibilidad del modelo basado en turismo y servicios de baja cualificación.
El impacto político ya es visible. En elecciones regionales recientes, el Partido Socialista perdió apoyo mientras Vox duplicó representación, capitalizando el malestar vinculado a la inmigración. Aunque la amnistía se limita a quienes ya residen en el país, el mensaje de apertura podría percibirse como incentivo indirecto a nuevos flujos migratorios. En un continente donde Francia, Alemania e Italia han endurecido controles, España aparece como excepción.
La estrategia de Sánchez combina cálculo económico y posicionamiento ideológico, pero implica riesgos. Si la percepción ciudadana asocia la medida con presión sobre servicios públicos o empleo, el terreno puede abonarse para una reacción populista. El debate no es solo demográfico o fiscal, sino político: hasta qué punto una política migratoria expansiva puede sostener consenso en una sociedad donde la incertidumbre económica sigue latente.