La Comisión Nacional de los Derechos Humanos atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El informe de actividades 2025, presentado por su presidenta Rosario Piedra Ibarra ante el Congreso, volvió a exhibir las tensiones entre el mandato constitucional de autonomía del organismo y su alineación discursiva con el oficialismo. En un contexto de violencia persistente, macrocriminalidad e impunidad estructural, la rendición de cuentas de la CNDH no puede evaluarse únicamente a partir de cifras, sino de su impacto real en la protección de las víctimas.
Durante la presentación, la titular de la CNDH destacó números elevados de atención, recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad, así como una reducción de quejas por violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo, esta narrativa optimista contrasta con la percepción de amplios sectores de la sociedad civil y de víctimas que señalan un debilitamiento del organismo. La disminución de quejas no necesariamente refleja menos violaciones, sino podría evidenciar un distanciamiento institucional frente a las violencias actuales.
Más allá de los datos, preocupa la postura asumida por la CNDH frente a políticas públicas cuestionadas desde estándares internacionales, como la prisión preventiva oficiosa, la militarización de la seguridad pública y el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Estas posiciones han colocado al organismo en una situación incómoda: la de justificar decisiones estatales en lugar de ejercer un papel crítico y contrapeso frente al poder, como le corresponde por mandato legal.
El debate sobre el futuro de la CNDH no debe reducirse a una disputa partidista. Está en juego la credibilidad de un mecanismo clave de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Recuperar la confianza de las víctimas exige autonomía real, imparcialidad y voluntad de confrontar al poder cuando éste vulnera derechos. Sin ello, la CNDH corre el riesgo de profundizar sus adeudos históricos con quienes más la necesitan.