El gobierno de México reconoció su responsabilidad en la violación de derechos fundamentales de Ernestina Ascencio, mujer indígena náhuatl agredida por militares en 2007 en Zongolica, Veracruz, hechos que derivaron en su muerte. La Corte Interamericana resolvió que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna e investigar con debida diligencia.
La sentencia señala vulneraciones a los derechos a la vida, salud, integridad, no discriminación, acceso a la justicia y a la verdad. Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación anunciaron que analizarán el fallo para cumplir con sus obligaciones bajo perspectiva de género e interseccionalidad, reconociendo que tanto la víctima como su familia fueron desprotegidos durante años.
El caso, negado en su momento por autoridades federales que atribuyeron el fallecimiento a causas ajenas a la agresión, fue llevado a instancias internacionales ante la falta de justicia. El gobierno reafirmó su compromiso con la reparación, la no repetición y la protección de los derechos de mujeres e indígenas.