El Gobierno federal y los 32 estados firmaron un nuevo acuerdo para enfrentar la extorsión, delito que atraviesa al país desde el comercio ambulante hasta el sector agropecuario. La estrategia, presentada como un esfuerzo de coordinación inédita, busca elevar el delito a investigación de oficio, unificar criterios fiscales y fortalecer los mecanismos de denuncia. Sin embargo, la ceremonia en Palacio Nacional dejó más preguntas que respuestas sobre su alcance real.
Uno de los mayores retos es la falta de cifras confiables. La extorsión vive en la sombra: miles de casos no se denuncian por miedo a represalias, y episodios recientes —como el asesinato de un líder citrícola en Michoacán pese a tener resguardo— evidencian la vulnerabilidad de quienes se atreven a reportarla. Aunque el Gobierno presume un aumento del 23% en llamadas de denuncia desde julio, no se informó cuántas derivaron en acciones concretas.
También persisten dudas sobre recursos y capacidades. Varias fiscalías estatales operan con personal rebasado, con agentes que gestionan miles de carpetas donde deberían manejar cientos. La estrategia contempla crear unidades especializadas y fortalecer la línea 089, pero sin claridad presupuestal ni metas anuales resulta difícil prever si la centralización anunciada se traducirá en resultados sostenibles o quedará como un gesto político más.
La extorsión es ya un negocio transversal para distintos grupos criminales y afecta directamente el precio de los alimentos y la estabilidad local. Para que la nueva estrategia tenga impacto, deberá convertirse en un plan operativo verificable: con recursos definidos, responsabilidades precisas y sanciones ejemplares que envíen una señal inequívoca a las mafias. De lo contrario, México corre el riesgo de sumar otro anuncio sin consecuencias tangibles.