A 30 años del levantamiento indígena en Chiapas, el EZLN enfrenta un escenario marcado por viejas heridas y agravios acumulados. Las promesas estatales de reconocimiento y autonomía, encarnadas en los Acuerdos de San Andrés, quedaron truncas desde finales de los noventa, abriendo un ciclo de desconfianza que ninguna administración posterior logró revertir. La organización se replegó a la reconstrucción interna mientras la política nacional avanzaba sin ellos.
Los intentos de reconciliación han chocado una y otra vez con los hechos. Cambios de gobierno, nuevos partidos y discursos progresistas no alteraron la percepción zapatista de que el Estado mantiene un patrón de control y subordinación hacia los pueblos originarios. Las tensiones estallaron con fuerza durante los años recientes, en medio de proyectos federales que impactan territorios indígenas y la persistencia de grupos armados que operan en la región.
Mientras tanto, la violencia y el desplazamiento en zonas autónomas se han agravado. Comunidades enteras denuncian la presencia de actores armados, colusión institucional y la falta de medidas efectivas para contener la espiral de agresiones. En ese contexto, el EZLN sostiene que cualquier vía de diálogo requiere antes garantías mínimas de seguridad, algo que, desde su perspectiva, no existe en la actualidad.
La conmemoración del aniversario zapatista llega, así, envuelta en un clima de fractura profunda. El movimiento insiste en que su apuesta por la autodeterminación se mantiene intacta, pero advierte que el país atraviesa un momento crítico para la vida comunitaria. Tres décadas después, el tema pendiente sigue siendo el mismo: la deuda histórica con los pueblos indígenas y la incapacidad gubernamental para saldarla.