La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá impulsa una reforma para que universidades e instituciones públicas administren de forma autónoma los recursos que generan mediante investigación, innovación y vinculación. La propuesta adiciona el artículo 33 Bis a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y fue turnada a comisión correspondiente.
La iniciativa responde a la falta de reconocimiento legal para que las instituciones ejerzan libremente los ingresos autogenerados, actualmente sujetos a reglas que los clasifican como excedentes y limitan su uso. Sostiene que esta situación desincentiva la productividad académica e impide reinvertir recursos en mejoras institucionales que fortalezcan la capacidad científica nacional y el bienestar colectivo.
El planteamiento se alinea con compromisos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Señala que la autonomía financiera no exime obligaciones de transparencia ni fiscalización, y que tampoco implica gasto adicional. Afirma que garantizar este derecho permitirá impulsar conocimiento útil, transferible y orientado al desarrollo social.